72 de las más de un centenar de propuestas presentadas por municipios españoles al programa Servicio Responsable, impulsado por la FEMP y la Delegación del Gobierno para le Plan Nacional sobre Drogas, han sido seleccionadas y recibirán financiación para su puesta en marcha. Se trata de potenciar la implantación del Código de Buenas Prácticas en el Sector Hostelero para favorecer el ocio seguro, responsable, saludable y de calidad.

 

Los proyectos que se han presentado a la convocatoria se mueven en tres líneas preferentes de acción. En primer lugar, acciones de capacitación del personal que trabaja en el sector de la restauración, especialmente los didicados al ocio nocturno, para la dispensación responsable de bebidas alcohólicas y prevención de conductas de riesgo asociadas al abuso del alcohol y el consumo de otras drogas. En segundo, promover entre empresarios y empleados de hostelería pautas y criterios de calidad que favorezcan el servicio responsable de bebidas alcohólicas; y finalmente, impulsar la creación de un circuito seguro, dando visibilidad social y apoyo a aquellos locales que se incorporen al programa mediante la creación de una acreditación específica.

 

Las propuestas presentadas fueron 136, todas ellas procedentes de municipios de menos de 100.000 habitantes. La convocatoria, destinada a Ayuntamientos de esta franja poblacional y ralizada en el marco del convenio suscrito entre la FEMP y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, partió con el objetivo de impulsar desde los municipios iniciativas destinadas a prevenir y reducir los daños en el sector del ocio. Dichos programas vienen a reforzar los objetivos de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, para prevención del consumo de alcohol entre menores. Los municipios solicitantes también contaban con políticas activas de empleo en el ámbito de la drogodependencias, salud o juventud.

 

Con la ayuda asignada a cada programa, los Ayuntamientos adjudicatarios desarrollarán las acciones previstas a lo largo de este año. Los beneficiarios aparecen recogidos en el listado adjunto.

 

Ayuntamientos adjudicatarios.
Alcaracejos, Algemesí, Algete, Alhaurín de la Torre, Almensilla, Amoerio, Aranda de Duero, Arrecife, Atzeneta del Maestrat, Ávila, Avilés, Azuqueca de Henares, Benamejí, Berja, Besalú, Betanzos, Blanca, Burlada, Campo de Criptana, Cangas, Canovelles, Casariche, Catoira, Coslada, Cuenca, Cuntis, Dénia, Dos Torres, El Ejido, Figueras, Grado, Guillena, Huesca, Jaca, La Malahá, Lantejuela, Mairena del Aljarafe, Manises, Manlleu, María, Medina del Campo, Mieres, Miraflores de la Sierra, Miranda de Ebro, Molina de Segura, Mota del Cuervo, Noblejas, Osuna, Palenciana, Plasencia, Pontevedra, Pruna, Puerto de la Cruz, Puertollano, Requena, San Mantín de Valdeiglesias, Sant Boi de Llobregat, Santa Pola, Santiago de Compostela, Sanxenxo, Segorbe, Segovia, Solana, Torredonjimeno, Torrejón del Rey, Vall d'alba, Velez-Rubio, Vilagarcía de Arousa, Villacarrillo, Villargordo del Cabriel, Villayón y Zamora.